La exministra de Desarrollo Social y Familia, Jeanette Vega, deberá declarar como imputada ante la Brigada de Investigaciones Especiales (BIPE) de la PDI que está a cargo de las diligencias de la investigación penal abierta por la llamada telefónica que realizó en mayo pasado una de sus exasesoras al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.
El caso tuvo su origen tras la querella presentada por el abogado Marcelo Bruner por eventuales delitos de obstrucción a la investigación, entre otros.
A partir de allí, el Ministerio Público busca recabar las versiones de ex y actuales autoridades del Gobierno para determinar si hubo o no ilícitos en el marco de la comunicación entre la asesora Tania Santis y Llaitul, ya que esta se produjo cuando el miembro histórico de la CAM estaba siendo indagado por delitos de Ley de Seguridad del Estado y otros asociados a la violencia rural, por lo que hoy está en prisión preventiva.
Por este hecho también están contempladas citaciones en calidad de testigo de ex y actuales autoridades del Gobierno, como la exministra del Interior Izkia Siches, la exjefa de asesores del Presidente Lucía Dammert y el subsecretario de Interior Manuel Monsalve.