Tras dos meses de indagación, la Contraloría General de la República entregó este jueves su informe final sobre los contratos entre la fundación Democracia Viva y la Seremia de Vivienda de la Región de Antofagasta, hecho que originó el Caso Convenios.

De acuerdo al informe, se constató que hubo un trato directo entre la Seremi del Minvu y Serviu de la Región de Antofagasta, «sin que los actos administrativos pertinentes que los autorizaron se encuentren fundados y acrediten documentadamente los motivos que lo justificaron».

Sobre el caso de la Fundación Democracia Viva, Contraloría detalló que la firma por los tres convenios por $426.000.000, no tuvo «fundamentos que justifiquen la designación de los proyectos a dicha entidad, además que no se aportaron otros antecedentes que acrediten la motivación de tal elección, considerando, además la falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades que esta debía ejecutar y de su experiencia en ellas, relacionadas con el Programa de Asentamientos Precarios.»

Ex seremi y funcionarios

El informe indica que el ex seremi, Carlos Contreras, -quien renunció por este caso- «eventualmente habría vulnerado el principio de probidad, toda vez que carecería de la imparcialidad necesaria en su actuación; por lo que le asistía el deber de abstenerse de participar en el proceso asociado a esa entidad privada, sin que haya dado cumplimiento a dicha obligación.»

El documento advierte que Serviu de Antofagasta no aportó «antecedentes que permitan una asociación entre los fondos transferidos, el detalle de las prestaciones a realizar, las especificaciones técnicas de las mismas, sus tiempos de ejecución y costos involucrados, que permitan una correcta rendición de cuentas.»

También Contraloría constató que, en dependencias «del Seremi del Minvu de Antofagasta se desempeñaban, al menos, 12 personas que fueron contratadas por los organismos receptores de fondos para la ejecución del Programa de Asentamientos Precarios, las que desarrollaban actividades propias de esa secretaría, entre ellas, labores en su gabinete, revisión de las rendiciones efectuadas por las distintas entidades privadas receptoras de fondos y su contabilización, algunas de las cuales disponían de acceso al sistema contable SIGFE y otros aplicativos institucionales.»

Asimismo, en el Serviu de esa región se han desempeñado, al menos, 3 personas que también fueron contratadas por entidades que recibieron transferencias para la ejecución del programa en análisis.

Por último, se evidenció que dos de las iniciativas de inversión asignadas a Democracia Viva correspondían a proyectos de iguales características, las que, si bien se ejecutarían en los campamentos EcuaChilePe e Irarrazabal Etapa I, por $200.000.000 y $170.000.000, respectivamente, corresponden a asentamientos precarios colindantes y que forman parte del mismo Macrocampamento Balmaceda, de la Comuna de Antofagasta.»

Por PSNCOM

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