Durante esta jornada el contralor general de la República, Jorge Bermudez, sostuvo en la comisión investigadora del Caso Convenios que el caso de Democracia Viva en Antofagasta se replicó en 15 regiones del país con las mismas prácticas.
La indagación tuvo como base las irregularidades en el traspaso de recursos públicos a organizaciones sin fines de lucro desde las Secretaría Regionales Ministeriales de Vivienda en el marco del programa Asentamientos Precarios.
De acuerdo al contralor, se constató la falta de procedimiento formal para selección de las entidades, además de asignación directa de iniciativas de inversión a entidades ejecutoras sin fundamentación, y la entrega de recursos públicos.
Bajos estas consideraciones los casos que fueron derivados al Ministerio Público de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Lor Ríos y Los Lagos.
Asimismo, los antecedentes también se remitieron al Consejo de Defensa del Estado (CDE)
Gore Los Lagos
En la arista de los gobiernos regionales del Caso Convenios, Contraloría constató la inexistencia de manuales y procedimientos relacionados con transferencias de recursos a fundaciones, corporaciones y ONG.
Además, la indagación estableció una falta de fundamentos en la asignación directa de iniciativas de inversión a entidades privadas ejecutoras, como el caso de Kimün en la Región de Los Lagos.
Ministro y seremis en la mira
Lo que se espera ahora es las autoridades respectivas asuman su responsabilidad política, como en el caso del ministro de la Vivienda Carlos Montes, como de los seremis de las regiones donde Contraloría remitió los datos a las fiscalías regionales.