Una querella en el Juzgado de Garantía de Osorno presentó esta semana José Aboitiz, liquidador concursal de la junta de acreedores del IP Los Lagos, institución que estuvo en las manos de la Universidad de Los Lagos y que fue traspasada a la Corporación Kimün en medio de una cuestionada licitación.
Los delitos de violación de secreto público y fraude al fisco son para todos aquellos que estuvieron involucrados en proceso.
Aboitiz, que lleva adelante la liquidación forzada del IP Los Lagos -decretada por el Primer Juzgado de Letras de Osorno- sostiene en el escrito que la ULagos urdió un plan para defraudar al Fisco en la venta del IP y CF Los Lagos a la Corporación Kimün, que luego saldría a la palestra pública debido a que sus representantes se apropiaron de $1.200 millones que el Gobierno Regional de Los Lagos les entregó para sanear títulos de domino, actividad que nunca realizó.
En la querella, se lee que «el 30 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la venta de la totalidad de las acciones de la ULL sobre el IP Los Lagos por un precio de 20 millones de pesos, los cuales habrían sido supuestamente pagados en el mismo acto y de contado, declarando el rector de la ULL, Oscar Garrido, haber recibido en su entera satisfacción. Misma situación se produjo al día siguiente con la cesión de la totalidad de los derechos de la ULL sobre el CFT Los Lagos a la Corporación Kimün, por un precio de 110 millones de pesos, el cual también habría sido supuestamente pagado en el mismo acto y de contado, declarándose recibido en su integridad por el rector de la ULL.»
Agrega la querella que «desde ya cabe destacar que resulta sospechoso el bajo valor determinado en las bases y, a la postre, por el cual se vendieron las dos sociedades. El IP Los Lagos, incluso después de desprenderse de sus inmuebles, tenía un patrimonio neto de aproximadamente 600 millones de pesos, pero se le valorizó, al momento de su venta, en 20 millones de pesos (es decir, en un monto equivalente a un 3,33% de su patrimonio); en el caso del CFT Los Lagos, en tanto, se le vendió en un monto de 110 millones de pesos, en circunstancias que contaba con un patrimonio neto de más de 1.000 millones de pesos (el monto de la venta, por tanto, no supera el 10% de su patrimonio).»
El liquidador Aboitiz, representado por el abogado Alejandro Awad, sostiene en la acusación que el plan de reordenamiento del CFT e IP Los Lagos, que fue aprobado por el Consejo Superior de la Universidad de Los Lagos, «tuvo importantes consecuencias para el IP Los Lagos. En particular, la pérdida sustancial de sus activos (constituidos, principalmente, por los únicos dos inmuebles de su propiedad) y el cambio de controlador causaron la incapacidad del Instituto para responder frente a sus acreedores, por la cual se desarrolla el proceso de liquidación en el que fui designado como Liquidador Titular de la sociedad.»
Ante estos hechos, se acusa que hubo entrega de información privilegiada -caratulado como violación de secreto público– a los representantes de Kimün para participar de la licitación y ganarla, con el consiguiente fraude al Fisco.
Acá el libelo acusatorio que aún no es admitido a trámite.