En el escrito se sostiene que la «maquinaria destinada a defraudar las arcas fiscales», habría surgido en 2022 en la ciudad de Frutillar.
El Juzgado de Garantía de Puerto Montt declaró admisible la ampliación de querella por fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias, entre otros delitos, presentada por el senador Fidel Espinoza contra el exministro Giorgio Jackson y la actual jefe de Presupuestos, Javiera Martínez, en el contexto del Caso Convenios.
De acuerdo al escrito, el 24 Junio de 2022 el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), que está bajo la tutela de la Secretaria General de la Presidencia -siendo su ministro Giorgio Jackson- «se dio una instrucción insólita, pues se ordenó a los auditores de las reparticiones públicas que ya no
sería necesario reportar en el informe trimestral, ítems como transferencias, cuentas corrientes, sumarios, conflictos de interés, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y otros. Es decir, el mismo organismo encargado de fiscalizar los gastos públicos, les comunicó a las distintas reparticiones públicas, que ya no fiscalizaría.»
Asimismo, indica el libelo que «la maquinaria destinada a defraudar las arcas fiscales», habría tenido su origen el 9 de agosto del año 2022, en la ciudad de Frutillar, en medio de un foro para la descentralización, donde el Presidente Gabriel Boric realizó un anuncio para transferir a las regiones atribuciones sobre más de 40 programas e instrumentos en los ámbitos de desarrollo productivo, desarrollo cultural y social y ordenamiento territorial.
En la querella se pide incautación de material electrónico de los sindicados, como el alzamiento del secreto bancario y patrimonial.
Acá la ampliación de la querella