El Gobierno buscará la remoción del juez de Garantía de Arica, Héctor Barraza, quien habría incumplido sus «deberes funcionarios» tras autorizar la entrega de nombres de testigos protegidos a la Defensoría Penal Pública, que representan a imputados acusados de ser miembros del clan Los Gallegos, brazo armado del Tren de Aragua, organización criminal que opera en el norte del país.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, detalló que «la Constitución establece una facultad para el Presidente de la República de velar por la conducta ministerial de los jueces, es una atribución genérica. El Ministerio de Justicia, que de conformidad a la ley se vincula con el Poder Judicial, esta mañana por instrucción del Presidente ha remitido a la Corte Suprema los antecedentes que disponemos sobre la decisión del juez».
Por su parte, la Corte de Apelaciones de Arica ordenó la apertura de una investigación administrativa en contra del magistrado del Juzgado de Garantía de Arica.
En tanto, el defensor penal regional de Arica, Sergio Zenteno, aseguró que el organismo «devolvió voluntariamente» la información sobre testigos protegidos, aunque puntualizó que se presentó un recurso de reposición, ya que estiman que la resolución de no acceder a los antecedentes reservados, no se ajusta a derecho.