La comisión especial de la Cámara de Diputados revisión los casos que recibieron pensiones de gracias por ser «víctimas» del Estado en medio del estallido social.
En total se entregaron 418 pensiones, donde en 40 casos los beneficiarios tenían condenas y donde otros 39 sólo tenían lesiones leves, sin secuelas.
Asimismo, el texto menciona que hubo criterios dispares para entregar las pensiones y donde no hubo una certificación médica que acreditara las supuestas lesiones.
A septiembre de 2023, las pensiones de gracia con motivo de las manifestaciones ocurridas a partir del 18 de octubre de 2019 significan para el Estado un gasto total de $2.333 millones al año, unos $294 millones mensuales.
Acá informe de la comisión.